Salta: La CNCT participó de la histórica visita del Fiscal Penal de Tartagal a Santa Victoria Este

Alrededor de 150 representantes de comunidades, integrantes de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), junto a la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), representado por Hugo Ortiz de la Federación de Pueblos Originarios del norte argentino, recibieron a Armando Cazón, Fiscal Penal de Tartagal, y Matilde Alonso, Directora del Servicio de Asistencia a la Víctima y Oficina de Orientación y Denuncia, del Ministerio Público de la Provincia de Salta.

El histórico encuentro, ya que no recuerdan visitas del Ministerio Público Fiscal al territorio, se realizó en la Comunidad Wichí de Santa Victoria 2.

Durante el encuentro de trabajo, coordinado con una extensa agenda previa, se analizaron e intercambiaron numerosos temas de seguridad y justicia, desde una óptica intercultural, integral y de género.

Mujeres wichí, autoridades de comunidades, plantearon la necesidad de fortalecer el sistema de denuncias por violencia de género a nivel local, como también, temas de prevención en alcoholismo en la juventud. Al respecto se habló de la importancia de que el sistema judicial cuente con un mayor número de asistentes interculturales y bilingües que puedan asistir a las mujeres.

Los representantes originarios plantearon el problema de la falta de controles a la tala ilegal y el destino de los decomisos de madera. También se pidieron refuerzos de seguridad en la frontera del Pilcomayo, en particular, en la comunidad de La Puntana.

Otro aspecto importante fue conocer el modo correcto de radicación de las denuncias y la efectividad en el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Al respecto, el Fiscal Cazón se comprometió personalmente a estar en comunicación directa con los representantes de las comunidades presentes para el cabal cumplimiento de la Ley, como también, en temas de seguridad para la población que vive en zona de frontera.

Expresó también la necesidad de que los conflictos sociales puedan conversarse y solucionarse desde las respuestas políticas, para que no se llegue a la tensión de los cortes de ruta que, aunque están en el legítimo derecho de la protesta social, están cercenando otras leyes, como la libre circulación. Hubo acuerdo en analizar que las tensiones sociales son la falta de respuesta por parte de los gobiernos a las demandas legítimas de derechos por parte de las comunidades originarias, y que de ninguna manera debería judicializarse.

Asimismo, Alonso contó sobre el servicio de denuncia web y ofreció talleres de capacitación y orientación para las denuncias en temas de violencia, para seguir en contacto estrecho con las comunidades y avanzar en lo conversado.

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