El conjunto de organizaciones de la sociedad civil organizada más abajo firmantes expresamos nuestra preocupación y rechazo a la propuesta de quita de subsidios, con el consecuente aumento en las tarifas de los servicios públicos de gas natural por redes y de energía eléctrica que se discutirán en las audiencias públicas a realizarse del 10 al 12 de mayo.
Señalamos que para determinar el valor de las tarifas primero es preciso conocer y revisar a fondo cuáles son los costos de producción de gas y de generación de electricidad. Quitar subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma minuciosa los costos reales de las empresas implica consolidar una política que ha sido perjudicial para el pueblo argentino.
Desde el inicio de su presidencia, Mauricio Macri aplicó los tristemente célebres tarifazos que consistieron en la dolarización de los precios del gas y la electricidad, en aumentos exorbitantes de los segmentos de transporte y distribución más la quita de subsidios estatales. Ello generó una fabulosa transferencia de recursos desde la ciudadanía y el aparato productivo hacia un pequeño puñado de empresas.
¿Y los costos? “Me resisto a contestar esa pregunta”, dijo en agosto de 2016 ante un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados el entonces ministro Aranguren cuando se le consultó por el costo de producción del gas en boca de pozo. Esa política generó que las energéticas multiplicaran sus ingresos hasta por veinte en el período macrista mientras el ingreso ciudadano se multiplicó apenas por tres.
Todas esas ganancias se generaron mientras se producía un fenomenal deterioro en el poder adquisitivo de las familias, en el entramado productivo PYME y en los niveles de actividad económica en general.
Y así seguimos hasta hoy, sin que el Gobierno pueda determinar los costos de producción y de generación de gas y electricidad, necesarios para poder establecer una política eficiente de subsidios. Sin embargo, las empresas del sector continuaron teniendo grandes ganancias durante la pandemia del Covid-19 que padecieron nuestro pueblo y los sectores productivos.
Es en ese contexto que llega el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el Memorando de Políticas Económicas Financieras el Estado Argentino se compromete a una reducción significativa de subsidios. Pero no se aborda la cuestión de los costos ni de las ganancias extraordinarias del sector. Simplemente se expone la necesidad de recortar subsidios sobre la población, para que asumamos un mayor costo en nuestras tarifas.
El conjunto de las y los argentinos hoy nos vemos obligados a pagar una enorme deuda al FMI. Ese endeudamiento con el Fondo es el que utilizaron las principales empresas del sector energético para formar activos en el exterior, siendo el segundo sector de la economía en girar divisas fuera del país, de acuerdo al informe oficial que emitiera en el 2020 el BCRA. Financiaron la fuga de capitales con el préstamo que hoy condiciona a la sociedad en su conjunto.
Es necesario que un área fundamental para el desarrollo de la vida como es el sector energético no concentre sus ganadores en un pequeño puñado de compañías, con millones de pobres con tarifas inaccesibles. Tampoco su alternativa es una excesiva cuenta de subsidios estatales. Sea el Estado por subsidio, o el ciudadano por tarifa, se debe pagar por la energía un valor razonable, con niveles de ganancias razonables. Y en el actual marco de restricciones externas, quienes más deben aportar son quienes están en mejores condiciones de absorber los impactos.
Sólo en este contexto se podrán equilibrar las cargas y poder compatibilizar el esfuerzo fiscal a través de los subsidios y el esfuerzo ciudadano con el pago de tarifas justas y razonables, donde las empresas del sector tengan ganancias igualmente justas y razonables y no las ganancias extraordinarias como las obtenidas durante los últimos años.
Por eso, exhortamos al secretario de Energía, al ministro de Economía y al presidente de la República a evitar un nuevo aumento tarifario contra el bolsillo ciudadano. Lo contrario significaría un retroceso en la política de recomposición de ingresos a los sectores medios y populares que el Gobierno intenta llevar a cabo para morigerar los efectos de la inflación en los bolsillos de las y los argentinos.
Firmantes:
Suscriben la solicitada los más de 140 gremios nucleados en la Corriente Federal de Trabajadores CGT, CTA de lxs Trabajadorxs, Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Cámara de Empresarios Bonaerenses para el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor (FOCAVA), Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios (ADDUC), Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), Asociación Civil Argentina de Electrodependientes, La Protectora, Asociación de Empresarias y Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Liga de Consumidores (LIDECO), Frente Productivo Nacional, Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA), Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina General Rodríguez (ATILRA GRAL. RODRÍGUEZ), Unión de Usuarios y Consumidores, Red Nacional de Multisectoriales, Fundación Amadeo Capital Humano, Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno, Sindicato de Inquilinos Trabajadores de Chubut, Ciudadanos de Córdoba Contra el Tarifazo, Estudios Integrales Asociados Cooperativa de Servicios Limitada (EIAs Coop), Consumidores Responsables, Centro de estudios de los servicios públicos y el medio ambiente (CESPMA), Consumidores Argentinos, Asociación civil por la Inclusión Energética, Instituto de Políticas Públicas para el desarrollo regional (IPP), Mesa Empresaria Justicialista, Frente Milagro Sala, Corriente Política 17 de Agosto, PyMeSur, Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, Movimiento la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, Abogados por la Justicia Social LPBE (AJUS), Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPo), Centro de Estudios Agrarios (CEA), Fundación Acción para la Comunidad, Unión Nacional de Clubes de Barrio, Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología (OECyT), Pueblo y Ciencia, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), Corriente Peronista 13 de abril.
